Duda jurídica ambiental moviliza a la Corte Nacional de Justicia en Ecuador

15 November 2012 | News story
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La resolución adoptada por los 21 jueces de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, aclaró una duda acerca de la competencia para analizar y decidir sobre una causa penal ambiental en el país sudamericano. Está en vigencia desde el pasado 11 de septiembre, luego de su publicación en el Registro Oficial ecuatoriano. Varios casos represados, sobre todo en la provincia ecuatoriana de Galápagos, motivaron la consulta.

En la provincia de Galápagos se tramitan aproximadamente 100 causas por delitos ambientales que han surgido en un período de 10 años. Justamente la Fiscalía Provincial de Galápagos fue la instancia que promovió la consulta, ya que varios casos relacionados con infracciones a las normas de protección marino costera, incluyendo pesquería no autorizada y captura de especies marinas protegidas, fueron declarados nulos por jueces locales, quienes argumentaron falta de competencia. Esto determinó el traslado de dichas causas a la Corte Provincial de Justicia más cercana, ubicada a 1000 kilómetros de distancia de Galápagos, limitando de esta manera el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la justicia, uno de los pilares del Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992.

La consulta para resolver este problema fue solicitada por el Fiscal General del Ecuador. Luego de un proceso de análisis ante la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia; y, ante el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, la Corte resolvió que son los Jueces y Tribunales de Garantías Penales de la Sección Territorial donde se cometió la Infracción las autoridades competentes, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal. Cabe anotar que la sociedad civil participó activamente, a través del Sector Conservación Ciencia y Educación de Galápagos, proveyendo criterios jurídicos por escrito (alegato jurídico) sobre la materia consultada.

Hugo Echeverría, miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN y del Sector Conservación, Ciencia y Educación de Galápagos, afirma que esta decisión es importante e histórica. “Importante, porque resuelve en derecho una duda jurídica sobre la competencia judicial, en la que habían diversos criterios jurídicos, todos igualmente respetables; histórica, porque es la primera vez que el Pleno de la Corte aborda un problema de materia procesal penal ambiental, evidenciando el papel protagónico que tiene la Función Judicial en una rama jurídica nueva del derecho ambiental”.

Para este experto, la gestión procesal en materia ambiental en el Ecuador ha evolucionado en los últimos años. “A pesar de que no se han generado muchos precedentes judiciales, las sentencias que existen dan cuenta de que la Función Judicial es un actor importante en el aspecto jurídico ambiental”, asegura.

“Hoy en día entramos en una nueva fase. Con la Constitución de 2008 inició un proceso que promueve la especialización judicial. En este marco las reformas a normas judiciales del año 2009 sugieren, por primera vez, la creación de judicaturas especializadas en reclamaciones relativas a los derechos de la naturaleza. Son temas que el Consejo de Judicatura de Transición del Ecuador ha asumido con mucha responsabilidad y seriedad”, menciona Echeverría.

La Corte Nacional de Justicia del Ecuador tiene jurisdicción en todo el territorio ecuatoriano. Está integrada por 21 jueces. La ley ecuatoriana otorga al Pleno de la Corte Nacional la expedición de resoluciones en caso de duda u oscuridad de las leyes.
 


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