Proyecto busca la legalidad en el aprovechamiento de los bosques en Guatemala

15 May 2014 | News story

El 7 de mayo se lanzó oficialmente el proyecto “Fortalecimiento de la Gobernanza de los bosques: Promoviendo la Verificación de la Legalidad Forestal en Guatemala”. La iniciativa, impulsada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) con el financiamiento de la Unión Europea y el apoyo del gobierno guatemalteco, procura incrementar la gobernanza de los bosques en este país y al mismo tiempo, brindar condiciones para fortalecer la legalidad en el aprovechamiento forestal.  

“Guatemala ha venido fortaleciendo procesos, a grandes pasos, para que la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales sea eficaz, de calidad y transparente; capaz de beneficiar a la población actual y futura. Para que estos procesos sean efectivos se requiere de actividades que incluyan a la sociedad civil entendida como personas, grupos indígenas, organizaciones no gubernamentales o el sector privado. Una buena gobernanza lleva los principios de participación, equidad y estado de derecho a la práctic de la UICN.

Durante el lanzamiento se contó con la presencia de múltiples representantes de organizaciones gubernamentales y de entidades de la cooperación, entre ellos Josué Morales Gerente del Instituto Nacional de Bosques (INAB), Benedicto Lucas, Secretario del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), Diego Recalde, Representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para Guatemala, Dra. Grethel Aguilar, Directora Regional UICN; así como el representante de la Unión Europea en Guatemala, Alejandro Martínez.
También se aprovechó el acto para presentar la iniciativa

“Fortalecimiento de la gobernanza en torno al Plan de Acción Interinstitucional para la Prevención y Reducción de la Tala Ilegal en Guatemala”, proyecto que cuenta con el apoyo de la FAO.
Para cumplir las metas de ambos proyectos, se buscará apoyar a los agentes económicos locales, en su mayoría pueblos indígenas y comunidades forestales, con el fin de impulsar el clima de negocios del sector maderero en la región desde una visión de aprovechamiento sostenible de los bosques.

Por la ruta de la legalidad

El problema de la tala ilegal en Guatemala trasciende el daño ambiental e implica impactos sociales y económicos de gran escala. De acuerdo con su mapa de cobertura Forestal 2010, Guatemala cuenta con 3,722,595 hectáreas de bosques, lo que representa el 34,2% del territorio nacional, del cual anualmente se pierden 38.597 hectáreas netas.

Estudios del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar (2006) estiman que para Guatemala la tala ilegal representa un costo que oscila alrededor de los $285 millones entre pérdidas por impuestos, valor de reposición del bosque por plantaciones, valor del suelo erosionado y valor del carbono almacenado en los bosques; además de los costos ambientales de biodiversidad y de reconstrucción de infraestructura por desastres

Por esta razón los proyectos apuntan a generar estrechas alianzas con la sociedad civil y el sector productivo y de esta manera estimular la cooperación conjunta para promover la aplicación de la ley en la gestión de los bosques. Estos esfuerzos se convierten en acciones directas e indirectas para contribuir a la reducción de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional en Guatemala

Para la Oficial de Proyecto de la UICN, Úrsula Parrilla, la iniciativa implementada por UICN, se une a los esfuerzos que el INAB y el CONAP están efectuando en Guatemala para generar acuerdos interinstitucionales duraderos con distintos actores del sector forestal. “Con estas acciones, se busca también disminuir los índices de ilegalidad que imperan en áreas críticas de este país donde la degradación de los bosques es una preocupación general”, explicó Parrilla.

“Este proyecto precisamente busca apoyar a las instituciones de gobierno en la definición de una hoja de ruta que sea consensuada con actores relevantes de la sociedad civil promoviendo así una acción conjunta entre gobierno y ciudadanos que promueva la implementación de la ley y fortalezca los sistemas de verificación de la legalidad en el campo forestal”, agregó la Directora Regional de la UICN.