En México, los pueblos indígenas han sido marginados del desarrollo económico, político, social y cultural (CNDH, 2020), excluidos de los discursos ambientales, y víctimas de desprotección legal por parte del Estado, por lo que es común que enfrenten serias violaciones a sus derechos y afectaciones por la sobreexplotación de la naturaleza en sus territorios (Toledo, Garrido y Barrera-Bassols, 2014). Los indígenas en México carecen del reconocimiento formal de sus territorios y recursos naturales de los que ancestralmente han vivido y dependido, y suelen ser los últimos en recibir inversiones de carácter público, acceso a la justicia, a la infraestructura y al derecho a participar en procesos de representación social y toma de decisiones (Banco Mundial, 2020). 

La lucha de los pueblos indígenas en defensa de sus territorios y recursos naturales pone en evidencia el carácter colonial del gobierno y de la sociedad mexicana, así como el carácter depredador del capital (López Bárcenas, 2016). La situación en que transcurren los nuevos movimientos indígenas actuales representa el cuarto ciclo de colonialismo, lo que implica que en la historia del país han existido al menos otros tres ciclos. El primero y más largo comenzó con la invasión europea y concluyó con las luchas independentistas donde los pueblos tuvieron una amplia participación, aunque al final fueron subordinados a los intereses de los criollos que se hicieron del poder. El segundo inició con la formación de los Estados latinoamericanos y la imposición de las ideas liberales, promoviendo la propiedad privada y los derechos políticos individuales, atentando contra los territorios de los pueblos y sus formas de gobierno, proceso que duró casi toda la segunda parte del siglo XIX. El tercero se desarrolló desde principios del siglo XX hasta los años setenta, y se distinguió por las políticas asimilacionistas que buscaban desaparecer a los pueblos indígenas, “incorporándolos” a la cultura nacional. El cuarto ciclo de la colonización indígena se gesta con las políticas neoliberales y se mantiene hasta nuestros días (López Bárcenas, 2016). Mineras acaparando la tercera parte del país; las aguas de la nación entregadas a esas mismas mineras, a los agricultores de exportación y a los dueños de la industria automotriz; proyectos de infraestructura e hidráulicos; la biodiversidad y los saberes ancestrales de pueblos y campesinos en manos de los operadores de las industrias farmacéuticas y alimenticias. Todo lo cual sucede con la complacencia de los gobiernos que, en teoría, son los encargados de cuidar que los recursos naturales se usen de tal manera que beneficien a los mexicanos de ahora y a los de las próximas generaciones (López Bárcenas, 2016, 2019). Por el contrario, los defensores indígenas son violentados, privados de la libertad, amenazados y asesinados y los territorios que defienden les son arrebatados, lo que agrava la desigualdad y limita el desarrollo de las comunidades. 

Las agresiones contra indígenas en México provienen del narcotráfico, el gobierno, los grandes proyectos de desarrollo, empresas privadas, grupos paramilitares y sus asociaciones (CEMDA 2020; 2021). Conózcanse casos de violencia, despojo y defensa del territorio en Oaxaca, por ejemplo en Santo Domingo Ixcatlán, (https://www.franciscolopezbarcenas.org/_files/ugd/afcdf2_2d70e749d95b4a14801c94a73f4f4e3f.pdf), en la comunidad ikoots de San Mateo del Mar (López Bárcenas, 2021) y en las comunidades triquis de Tierra Blanca, Copala (Fotos 1-3). O bien, el quebrantamiento en el sistema de protección de derechos humanos entre los guarijíos del Río Mayo, Sonora (Haro Encinas y Martínez Coria, 2020; López Bárcenas, 2020) o la lucha de los nahuas en Tecotelmi, Ixtacamaxtitlán, Puebla (https://www.franciscolopezbarcenas.org/_files/ugd/afcdf2_bc9116dcf70846cb96415dfec135140b.pdf). Casos, entre muchos otros, que han convertido a México en uno de los países con mayor número de defensores ambientales asesinados (CEJIL, 2020).

Fotos 1-3. Pancartas exhibidas en el Zócalo de la Ciudad de México en protesta al desplazamiento forzado de indígenas en Tierra Blanca, Copala, Oaxaca, México.

Fotógrafo: José Luis Carpio Domínguez (2021)

De acuerdo con los pueblos indígenas de México, para que haya paz hay que transformar el Estado desde sus raíces, para que todos tengamos oportunidad de vivir dignamente: Para lograrlo ofrecen su experiencia de resistencia pero, sobre todo, sus valores culturales entre los cuales predomina el ser colectivo sobre el individual, la solidaridad con los que menos tienen, una relación distinta entre la sociedad y la naturaleza y, los gobiernos - asamblearios o verticales- atendiendo a la preservación del bien común (López Bárcenas, 2019). También resulta inaplazable desarrollar estudios criminogénicos y visibilizar las criminodinámicas contra los defensores ambientales indígenas y estar en condiciones de proponer estrategias de prevención.