Jueces de América Latina fortalecen capacidades para integrar la ciencia ambiental y climática en decisiones judiciales

Santa Marta, Colombia, 29 de abril de 2026. Con la participación de juezas, jueces y operadores de justicia de América Latina y el Caribe,  se llevó a cabo en Santa Marta el Seminario Regional “Capacitación para jueces y operadores de justicia: la ciencia al servicio de la justicia”. Este espacio busca fortalecer la toma de decisiones judiciales basadas en evidencia científica, con énfasis en los vínculos entre cambio climático, ambiente y derechos humanos.

Participaron representantes del poder judicial de Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Perú y República Dominicana, en un esfuerzo orientado a fortalecer capacidades y promover el intercambio regional frente a los desafíos climáticos.

Durante la apertura, la magistrada Mary Lucero Novoa Moreno, Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, destacó: “este encuentro tiene un objetivo tan preciso como urgente: fortalecer capacidades para que la decisión judicial dialogue con la ciencia ambiental y climática, poniendo en el centro los vínculos entre ambiente, cambio climático y derechos humanos”. Asimismo, enfatizó el carácter preventivo de la justicia ambiental al señalar que “en materia ambiental y climática, la justicia se mide por su capacidad de anticipar el daño”.

En la misma línea, Mateo Banti, Jefe de Cooperación de la Unión Europea para Costa Rica, Panamá y Centroamérica, subrayó que fortalecer la capacidad judicial constituye una inversión directa en la democracia, los derechos y la resiliencia de las sociedades frente a la crisis climática.Por su parte, la magistrada Damaris Vargas Vásquez, Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y Presidente de la Comisión de Justicia Ambiental de la Cumbre Judicial Iberoamericana, destacó los desafíos que enfrenta la judicatura ante la crisis climática, señalando que el desafío no es local ni regional, sino que mundial: “Como juezas y jueces, debemos traducir un problema global, científico y acumulativo en respuestas jurídicas concretas que protejan efectivamente los derechos humanos, sin salir de nuestras competencias, pero respondiendo a lo que exige la ciudadanía. Esto implica enfrentar retos como la atribución del daño, la legitimación y la definición de remedios judiciales, apoyándonos en la ciencia y en los principios del derecho ambiental para tomar decisiones más justas y eficaces”. 

A su vez, Tatiana Zúñiga, representante de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (Asdi), resaltó que el rol de juezas y jueces es fundamental para garantizar respuestas judiciales sólidas, justas y basadas en evidencia científica.

La crisis climática plantea desafíos estructurales para los sistemas judiciales, que requieren integrar de manera efectiva el conocimiento científico en la resolución de controversias. En este sentido, el Ministro Antonio Herman Benjamin, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Brasil y Presidente Emérito de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN, destacó que “en el derecho ambiental y el derecho del cambio climático, la ciencia no es accesoria, es central para la toma de decisiones judiciales”, y subrayó la relevancia del uso de nuevas tecnologías en la valoración probatoria al afirmar que “si utilizamos satélites para hacer la guerra, ¿por qué no podemos utilizarlos como prueba para la protección de la vida?”.

En representación de la Oficina Regional para México, América Central y el Caribe de la UICN, Rodrigo Flores Gutiérrez, gerente regional de programa, señaló que “la calidad de la justicia ambiental en América Latina y el Caribe se construye en buena medida a partir de la capacidad de integrar la ciencia en las decisiones judiciales”, y destacó que este proceso da continuidad a una agenda regional orientada a fortalecer la formación judicial y consolidar redes de operadores de justicia.

El seminario incluyó sesiones de alto nivel, estudios de caso y espacios de trabajo colaborativo orientados a fortalecer habilidades prácticas en litigio climático, acceso a la justicia y uso de evidencia científica. Entre los temas abordados destacaron los eventos extremos y su impacto en los derechos humanos, los principios jurídicos aplicables al cambio climático y los desafíos judiciales en materia de mitigación y adaptación.

El encuentro contribuyó además a consolidar una red regional de operadores de justicia, promoviendo el intercambio de experiencias y el desarrollo de estándares comunes para enfrentar los desafíos ambientales y climáticos en América Latina y el Caribe.

La iniciativa fue organizada por la UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, su Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CMDA), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Cumbre Judicial Iberoamericana y el Instituto Interamericano de Justicia y Sostenibilidad (IIJS), con el apoyo financiero de la Unión Europea y la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi), en el marco del programa Grandes Bosques de Mesoamérica y el Proyecto Voces.