Ecuador, 22 de abril de 2021 (UICN). El Acuerdo tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Se trata de un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, y a la vez, es un tratado sobre derechos humanos. Sus beneficiarios son la población de la región, en particular los grupos y comunidades más vulnerables. A través del Acuerdo se quiere garantizar el derecho de las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados.

“La entrada en vigor del Acuerdo de Escazú es un hecho trascendental en materia de garantías individuales y para la democracia ambiental en general en América Latina y el Caribe (LAC). Este Acuerdo es el primer tratado ambiental de la región, abordando la temática de derechos de acceso a la información, justicia y participación ciudadana. Asimismo, es el primero a nivel mundial que ordena a los Estados proteger a quienes defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, tema sumamente relevante en LAC ya que esta catalogada como la región más peligrosa del planeta, según Global Witness, para quienes abogan por el cuidado del ambiente y la conservación de la integridad ecológica de los ecosistemas. Son muchas las oportunidades que surgen de este Acuerdo para contribuir a asegurar enfoques basados en derechos en la conservación, una gobernanza sostenible de los recursos naturales, y un mundo justo que valora y conserva la naturaleza. El Acuerdo de Escazú se considera una contribución regional concreta para realizar los objetivos de protección de la naturaleza a todos los niveles. ¡Celebremos esta instancia de entrada en vigor del Acuerdo, trabajemos por su efectiva implementación y para que más países lo ratifiquen pronto!” Ana Di Pangracio, Presidenta del Comité argentino de Miembros de la UICN.

Los Miembros de la UICN, a través de la Resolución 051 adoptada en octubre pasado, piden a los Estados de América Latina y el Caribe que suscriban y ratifiquen el Acuerdo de Escazú, cuyo requisito mínimo se ha cumplido para la entrada en vigencia este abril de 2021 en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra. El reto subsiguiente será su implementación para lo cual la Resolución de la UICN propone la activación de los programas correspondientes y de las Comisiones Mundiales de Derecho Ambiental y la de Política Ambiental, Económica y Social, de manera que:

a. brinden apoyo técnico a todos los Miembros de América Latina y el Caribe de la UICN, incluyendo Estados y organismos gubernamentales, en la implementación del Acuerdo de Escazú;

b. apoyen el desarrollo de capacidades de los Miembros de América Latina y el Caribe en temas como: acceso a la información, acceso a la justicia, participación ciudadana, procesos de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica, derechos de las personas defensores del medio ambiente y los derechos humanos; y

c. compartan con los Miembros de América Latina y el Caribe material elaborado por la UICN sobre derechos de acceso en materia ambiental (manuales, directrices, publicaciones), y promuevan eventos y actividades con fines de amplia difusión y generación de capacidades en toda la región.

“El Acuerdo de Escazú es el primer tratado vinculante del mundo que obliga a los Estados Parte a proteger y promover los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. A través de la adopción de una Resolución, los Miembros de UICN están aportando a la visión de UICN de contribuir a un mundo justo que valora y conserva la naturaleza”, Karina Andrade, Directora Regional a.i.  de la Oficina Regional de UICN para América del Sur.